El conflicto en la aplicación de la norma tributaria (artículo 15 LGT)
Esta figura, heredera del antiguo «fraude de ley» tributario, permite a la AEAT desconocer los efectos fiscales de actos o negocios jurídicos cuando concurren dos requisitos acumulativos: que sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido, y que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.
Su aplicación exige un informe previo favorable de la Comisión consultiva prevista en el artículo 159 de la LGT, y desde la reforma de la Ley 34/2015, puede llevar aparejada sanción cuando exista identidad sustancial con supuestos ya calificados administrativamente como conflicto en casos anteriores, publicados por la AEAT.
La simulación tributaria (artículo 16 LGT)
La simulación, a diferencia del conflicto, no exige informe previo de la Comisión consultiva y admite sanción de forma directa. Existe simulación cuando el negocio jurídico realizado no responde a la voluntad real de las partes, bien porque en realidad no existe ningún negocio (simulación absoluta), bien porque el negocio realmente querido es distinto del aparentado (simulación relativa). La calificación de simulación exige, por tanto, acreditar una discordancia entre la voluntad declarada y la voluntad real de las partes, lo que la distingue conceptualmente del conflicto en la aplicación de la norma.
Diferencias prácticas clave entre ambas figuras
- Procedimiento: el conflicto exige informe previo de la Comisión consultiva; la simulación no.
- Sanción: el conflicto solo permite sancionar en supuestos de identidad sustancial con casos publicados previamente; la simulación admite sanción de forma general si concurre culpabilidad.
- Carga de la prueba: en la simulación, la Administración debe probar la discordancia entre la voluntad declarada y la real; en el conflicto, debe acreditar el carácter artificioso del negocio y la ausencia de efectos relevantes distintos del ahorro fiscal.
Cómo defenderse frente a una regularización por estas vías
La defensa frente a un expediente de conflicto o simulación exige, en primer lugar, verificar que la Administración ha seguido escrupulosamente el procedimiento exigido para cada figura, y en segundo lugar, acreditar la existencia de motivos económicos válidos y de efectos jurídicos y económicos reales de la operación, más allá del ahorro fiscal. Un informe pericial que documente la sustancia económica real de la operación cuestionada resulta con frecuencia decisivo en este tipo de expedientes, especialmente complejos y de elevada cuantía. Su tramitación requiere el apoyo de un despacho especializado en defensa fiscal con LRB.
Preguntas frecuentes
¿El conflicto en la aplicación de la norma siempre lleva sanción?
No, solo cuando existe identidad sustancial con supuestos ya calificados administrativamente como conflicto en casos previos, publicados por la AEAT a estos efectos.
¿Puedo recurrir el informe de la Comisión consultiva?
El informe de la Comisión consultiva no es recurrible de forma independiente, pero sus fundamentos pueden ser combatidos al impugnar la liquidación definitiva que se dicte tras dicho informe.
¿Qué diferencia hay entre economía de opción legítima y conflicto en la aplicación de la norma?
La economía de opción se refiere a la elección legítima entre varias alternativas jurídicas igualmente válidas y usuales que ofrece el ordenamiento; el conflicto exige, precisamente, que el negocio elegido sea artificioso o impropio respecto del resultado obtenido.
El conflicto en la aplicación de la norma y la simulación son herramientas de recalificación muy potentes en manos de la AEAT, por lo que cualquier operación de planificación fiscal debe diseñarse con sustancia económica real y documentación que la respalde adecuadamente.
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